La quiebra del Correo Argentino SA, decretada hoy por la justicia comercial, puso fin a un concurso de acreedores de 20 años, que se inició a fines de 2001, una vez que la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
El concurso había empezado en septiembre de 2001 ante el Juzgado Comercial N° 9, luego de que la empresa familiar del expresidente Mauricio Macri adeudara varios años de cánones.
Un año antes, el entonces presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, le había reclamado al grupo Macri que pague el canon por el Correo, advirtiéndole que de no cancelarse el monto adeudado -en ese momento calculado en 92 millones de pesos-, se aplicará la ley.
En 2003, el Estado le quitó la concesión al Grupo Macri y rechazó el acuerdo que se sustanciaba como parte del concurso, por lo que se decretó la primera quiebra de la empresa, lo que dio lugar a más de una década de marchas y contramarchas con revocaciones y reaperturas.
Luego de que en 2007 se fijara un nuevo plazo para llegar a un acuerdo, Correo Argentino SA alcanzó un entendimiento con los acreedores en 2010, aunque no con el Estado nacional, lo que resultaba imprescindible para el avance del expediente.
En 2016, ya durante el gobierno de Cambiemos, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
Esa misma resolución tuvo como consecuencia una investigación penal contra Macri, sus funcionarios y los representantes de la empresa de su familia.
En sus últimos intentos, el Correo Argentino SA había ofrecido pagar mil millones de pesos por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal supera los cinco mil millones de pesos.
La Justicia comercial decretó hoy la quiebra del Correo Argentino SA tras dar por fracasado el proceso de salvataje y al entender que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero «no abarcaba el valor actual de la misma», y por tratarse además de una propuesta que «no satisfizo» el interés del Estado nacional.
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Télam.
