La Cámara de Diputados debate esta noche un proyecto para la creación de un Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.
Fuentes legislativas dijeron que el proyecto puede ser sometido a votación pasada la 1 de la madrugada del miércoles.
El plenario legislativo analizaba en una sesión especial la iniciativa impulsada por el jefe de la bancada del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, para generar recursos adicionales para atender la crisis que se agravó con la pandemia de coronavirus.
El primer tramo la sesión fue conducida por el vicepresidente de la Cámara baja, Alvaro González (PRO), pero a la noche se incorporó el presidente del cuerpo, Sergio Massa, cuando los médicos consideraron que no debía seguir el aislamiento debido a que el hisopado que le hicieron a un miembro del FMI con el que había estado en contacto finalmente dio negativo.
El plenario tenía previsto aprobar el dictamen de mayoría cerca de la 1.30 de la madrugada del miércoles, luego de agotar el debate que se inició cerca de las 14.30 y concluirá con los cierres de los jefes de bloques e interbloques, Mario Negri (Juntos por el Cambio) y Kirchner.
La iniciativa se aprobaría con el respaldo del Frente de Todos, la mayoría del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, con lo cual se superarían los 129 votos exigidos para obtener la media sanción.
El bloque del FdT tiene 117 votos, el Interbloque Federal aporta 10 -ya que Graciela Camaño se expresó en contra-; 6 de Unidad Federal para el Desarrollo y 2 de Acción Federal, con lo cual sumarían 135 avales.
Juntos por el Cambio, el Movimiento Popular Neuquino y Camaño anticiparon su rechazo al proyecto y la izquierda dijo que se abstendrá.
De esta manera, el pleno del cuerpo votará el proyecto de aporte, por única vez, sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, con el fin de recaudar 300 mil millones de pesos, según las estimaciones oficiales.
El proyecto alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.
La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.
A lo largo del debate los legisladores oficialistas defendieron el proyecto con el argumento de reforzar las arcas públicas debido a la caída de la recaudación, y la necesidad de asistir el sistema sanitario y productivo, mientras desde la oposición señalaron que es un «impuesto confiscatorio»
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), dijo que «no somos hinchas del déficit sino que somos enemigos del ajuste».
Tras reiterar el carácter «solidario y extraordinario de la iniciativa», el diputado puso de relieve que el país está «ante una situación de emergencia» y se pretende con el aporte «alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas» para «morigerar» en los sectores más vulnerables «los efectos de la pandemia».
Su compañera de bloque y titular de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, aseguró que el proyecto representa «un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad».
El también oficialista Marcelo Casaretto señaló que «el Estado necesita financiamiento y la mayoría de los países recurrió a tomar deuda pública para financiar la pandemia, pero la Argentina no lo pudo hacer porque tiene vedado el acceso al crédito» por la deuda contraída por el Gobierno anterior.
Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), adelantó el rechazo de Juntos por el Cambio.
Dijo que se trata de «un impuesto a la inversión en la Argentina».
En la misma línea se expresó el radical Luis Pastori, quien justificó su rechazo al afirmar que se trata de una iniciativa con un «sesgo claramente antiempresa y antiinversiones».
El titular del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, adelanto el voto favorable de la mayoría de su bancada pero dijo que «no sería completo si a la par no discutiésemos de inmediato, antes de fin de año, un impulso para los verdaderos generadores de empleo que son las pymes»
Mientras, su compañera de bloque Graciela Camaño rechazó el proyecto por considerar que «desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país».
Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) anticipó también su rechazo por considerar que «vuelve a gravar la misma capacidad contributiva», y cuestionó que «la recaudación de este impuesto, como debe ser llamado en realidad, no sea coparticipable».
La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá expresó el rechazo de su espacio al proyecto porque «no se trata de una verdadera recaudación o afectación a las grandes fortunas de algunos ricos».
La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona retorna al país el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera el diferencial se elimina y paga por todo, como si lo tuvieran en la Argentina.
